Es el sistema que todos los establecimientos financieros tales como: bancos, compañías de financiamiento, fiduciarias, comisionista de bolsas, entre otros, están obligadas a implementar para proteger a la empresa, sus colaboradores, proveedores y consumidores financieros.
Es un conjunto de políticas y procesos que utilizamos las entidades financieras, para prevenir ser utilizados por organizaciones criminales para «dar apariencia de legalidad» a dinero o recursos ilegales (Lavado de Activos) o para canalizar fondos a grupos o actividades terroristas (Financiación del Terrorismo).
Cuando te soliciten tu cédula o te preguntan por el origen de sus fondos, están aplicando las medidas del SARLAFT para cuidar sus productos financieros y la estabilidad económica del país.
Te contamos todo lo que debes saber sobre la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo:
El delito de financiación del terrorismo tipificado en el artículo 345 del código penal colombiano se entiende como la captación, recaudación, provisión o administración de fondos, bienes o recursos, ya sean de origen legal o ilegal, para apoyar económicamente actividades terroristas o a grupos e individuos terroristas.
Narcotráfico: El tráfico de drogas ilegales genera grandes sumas de dinero que a menudo necesitan ser blanqueadas para ocultar su origen ilícito.
Exportación o importación ficticia de bienes: Los criminales pueden simular transacciones comerciales inexistentes para mover dinero de manera encubierta.
Tráfico de migrantes: Los ingresos obtenidos de actividades ilegales relacionadas con el tráfico de personas también pueden ser objeto de lavado de activos.
Transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales: Los criminales pueden dividir grandes sumas de dinero en transferencias más pequeñas para dificultar su rastreo.
Inversión extranjera ficticia en una “empresa local”: Mediante esta táctica, se busca introducir fondos ilegales en una empresa local para darles una apariencia legal.
Trata de personas: La explotación de seres humanos con fines de lucro puede generar ganancias que luego se blanquean.
El delito de lavado de activos tipificado en el artículo 323 del código penal colombiano se define como el proceso mediante el cual organizaciones criminales intentan dar apariencia de legalidad a recursos o bienes de origen ilícito obtenidos de actividades ilícitas como: el narcotráfico, la corrupción, el secuestro extorsivo, la trata de personas, entre otros.
Contribuir a evitar el lavado de activos es fundamental para mantener la integridad del sistema financiero y prevenir que los fondos ilícitos se mezclen con los legítimos. Aquí hay algunas razones por las cuales es importante combatir el lavado de activos:
Proteger la economía: El lavado de activos debilita la economía al permitir que el dinero sucio se infiltre en transacciones comerciales y financieras. Al prevenirlo, se protege la estabilidad económica y se fomenta un ambiente de negocios más saludable.
Combatir el crimen organizado: Muchas actividades ilícitas generan ganancias que luego se blanquean. Al evitar el lavado de activos, se dificulta la operación de organizaciones criminales y se reduce su influencia.
Preservar la reputación de las instituciones financieras: Las instituciones bancarias y financieras deben cumplir con regulaciones estrictas para prevenir el lavado de activos. Si no lo hacen, pueden enfrentar sanciones legales y daños a su reputación. Contribuir a evitar el lavado de activos ayuda a mantener la confianza en estas instituciones.
Cumplir con las leyes y regulaciones: La mayoría de los países tienen leyes y regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos. Contribuir a su cumplimiento es una responsabilidad cívica y legal.
Proteger a la sociedad: El dinero proveniente de actividades ilegales puede financiar actividades peligrosas como el terrorismo, el tráfico de armas y la trata de personas. Al evitar el lavado de activos, se protege a la sociedad en general. En resumen, contribuir a evitar el lavado de activos es una responsabilidad compartida por individuos, empresas y gobiernos. Al hacerlo, se promueve un entorno más seguro, justo y transparente para todos.